Not known Facts About Extradición México Países Bajos

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Después de que el juez analiza el caso, incluyendo las circunstancias personales del detenido y la gravedad del delito, puede concederle libertad bajo fianza.

Sin necesidad de ser experto en materia de seguridad pública, es evidente que México tiene altos índices de corrupción en sus instituciones gubernamentales, motivo por el cual la sociedad mexicana no puede confiar en ellas debido a la operatividad de los servidores públicos corruptos e ineficaces.

La extradición en México puede ser negada en casos donde se considera que la persona solicitada podría ser víctima de tortura, pena de muerte o cualquier forma de trato cruel o inhumano en el país solicitante.

Dicho instrumento jurídico deberá tomar en cuenta las contribuciones de las Convención de Montevideo de 1933, y superar el fracaso de la Convención de Caracas de 1981. La adopción de una nueva convención de extradición implica un arduo proceso de negociación y trabajo que debe ser promovido por uno o varios Estados con capacidad de liderazgo en la región. De acuerdo, con la autora, México debe recuperar su papel de liderazgo y prestigio internacionales en la OEA y otros foros mundiales, a fin de impulsar la creación de normas uniformes en materia de extradición en el continente americano.

Las extradiciones han sido esenciales para obtener información, pero con el escenario descrito y la concept de que “mal paga el diablo”, la DEA puede quedar ciega, sorda y muda.

La extradición es una figura jurídica que tiene su fundamento en la necesidad de los Estados de concretar sus pretensiones punitivas sobre un individuo que ha violado sus leyes internas, pero que se encuentran imposibilitados para ejercer su jurisdicción penal allende sus fronteras. Asimismo, este mecanismo encuentra su fundamento en el principio de reciprocidad e inmunidad de jurisdicción de los Estados.

México ha otorgado y negado la extradición en diversos casos, lo que demuestra la importancia de este proceso en la lucha contra el crimen internacional y la justicia worldwide.

* Al meditar sobre estos criterios recordé que hace algún tiempo, en ocasión del proceso de extradición del presunto felony argentino Ricardo Miguel Cavallo, requerido a México por el gobierno de España, el señor ex ministro de la SCJN, Juventino Castro y Castro declaró que tal petición se obsequiaba en virtud del "principio de la jurisdicción common", lo cual causó desconcierto en los medios especializados pues, como bien sabemos, tal principio es un derecho de los Estados a detener, juzgar o entregar para su enjuiciamiento a un presunto responsable de un crimen internacional grave y pernicioso independientemente del lugar en que hubiera sido cometido, la nacionalidad de la víctima o del propio infractor; en tanto que, la extradición, que es lo que en el caso Cavallo estaba en proceso, descansa en el principio aut dedere aut judicare, que es un deber u obligación que tiene un Estado para extraditar a un sujeto requerido por otro this contact form Estado para su juzgamiento o castigo y con el cual, preferentemente, existe un tratado de extradición.

Que la solicitud de extradición contenga toda la información necesaria y esté debidamente fundamentada

Coincidimos con la autora, en que la vía más idónea que tienen los Estados para lograr el efectivo ejercicio de su facultad y deber de castigar a los responsables de haber delinquido en su territorio, pero que han logrado Source evadir a la justicia regional, es mediante la intervención de la figura de la extradición como navigate here forma solidaria y cooperativa de la lucha internacional por evitar la impunidad del crimen.

La PGR es la que debe conocer de conformidad a lo establecido en nuestra Constitución Política, pues es la facultada para intervenir en los procedimientos de extradición.

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Son acuerdos que se firman con anticipación antes de hacer la solicitud de traslado y siempre son con automobileácter de petición, ya que sostener un tratado entre dos países no vuelve obligatoria la extradición.

A pesar del cada vez mayor reconocimiento y aceptación del principio de jurisdicción universal, los Estados aún son reticentes a aplicarlo, debido a que ponen sus intereses soberanos por encima de los de la justicia. Como sostiene la autora, "la evolución para lograr la asimilación del principio de la justicia universal marcha con lentitud a pesar de los signos positivos que ha demostrado México" y otros países latinoamericanos, en contraposición al caso español, en el cual la legislación nacional y los tratados en materia de extradición celebrado por este país, ya contemplan dicho principio.